REFLEXIONES EN TORNO A LA CAÍDA DEL DECRETO 1979 DE 2015

IMAGEN TOMADA DE GOOGLE: Energia del Quimbo - www.diariodelhuila.com

De acuerdo a informaciones de los medios de comunicación, la Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución el Decreto 1979 de 2015 mediante el cual se autorizaba la generación de energía del Quimbo, esto a pesar de la medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, consistente en suspender la generación de energía ante la imposibilidad de impedir se continuara con el llenado.

En primer lugar hay que señalar que, el Decreto  en cuestión había sido dictado en virtud de la declaratoria del Estado de Emergencia regulado en el artículo 215 de la Constitución. Esta figura es uno de los tipos de Estados de Excepción establecidos en la Carta de 1991. Es decir, ni más ni menos que una figura mediante la cual se otorgan facultades extraordinarias al Presidente para legislar, en virtud de la situación de excepción que se genera como consecuencia de situaciones derivadas de hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”.

Los Decretos expedidos bajo esta figura tienen fuerza de ley transitoria mientras el Congreso decide sobre su permanencia, y además tienen control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

El Estado de Excepción fue declarado en virtud de los hechos derivados por el cierre de la frontera por parte de la República Bolivariana de Venezuela lo cual afectaba el abastecimiento de combustible en algunos municipios de la frontera con dicho país. Bajo esa premisa el Gobierno consideró que si no se generaba energía se afectaría el nivel del río Magdalena que impediría a su vez la navegabilidad por esta arteria vial.

Se pretendió establecer una conexidad entre la operación de la Hidroeléctrica del Quimbo y las razones que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Excepción, lo cual, de acuerdo a las noticias publicadas en los diarios vía internet, la Corte no aceptó y procedió a considerar dicho decreto como contrario a la Constitución.

A partir de las anteriores consideraciones surgen algunas reflexiones que vale la pena poner de presente. La primera, consiste en pensar sí los Estados de Excepción declarados en virtud del artículo 215 otorgan la facultad al Presidente para desconocer las medidas cautelares tomadas en un proceso judicial, en el presente caso derivadas de una acción popular. Es lógico pensar que en un Estado de Derecho no podría existir dicha facultad en la medida en que si bien los estados de Excepción son una forma de invocar razones de Estado para gobernar, en una democracia los gobernantes ven limitadas esas facultades. De aceptarse la posibilidad para que un gobernante pueda suspender, vía decreto, decisiones de la rama judicial, es lo que en otros contextos del continente ha llevado a calificar a algunos Presidentes como dictadores. Justamente para evitar esas situaciones, Colombia se ha caracterizado por tener un órgano judicial autónomo y muy celoso de la salvaguarda de la Constitución y el equilibrio de poderes.

Sin embargo, el desconocimiento de estos principios ha hecho que la expedición del Decreto haya pasado sin ningún tipo de análisis por parte de los medios, siendo tomada más como un tema anecdótico. Y la declaratoria de inexequibilidad del decreto se presenta como un tema de caos energético, presentando el pronunciamiento de la Corte como una decisión no conveniente, pero desconociendo el valor como decisión en defensa del orden jurídico, el Estado de Derecho y la democracia.

Otra reflexión que se podría plantear es que en el presente caso se ponían en contradicción dos fundamentos que permiten declarar el Estado de Excepción. Uno el relacionado con situaciones económicas y sociales frente al otro motivo cual es el de razones ambientales. Esto significa que se pretendía invocar razones de orden económico y social para desconocer una decisión judicial que había declarado una medida cautelar invocando razones ambientales. Es decir, que se desconocía la razón de Estado ambiental frente a la razón de Estado social y económica. En la decisión de la Corte citada por los medios nada se dice al respecto, pero la realidad es que implícitamente la alta Corporación consideró que no se podrían invocar razones económicas para desconocer las medidas cautelares que tienden a la protección del medio ambiente, con lo cual da preponderancia a la razón de Estado ambiental sobre cualquier otra consideración de las establecidas en el artículo 215 de la Carta.

Igualmente, se podría plantear que una vez más las razones ambientales son desplazadas a un segundo plano en los proyectos de desarrollo, con lo cual lo único que se genera es una mayor tensión entre los macro proyectos, que seguramente contribuyen al desarrollo del país, y los aspectos relacionados con la concepción amplia de medio ambiente, es decir aquella que involucra tanto los temas relativos a la biodiversidad como los aspectos socio económicos derivados de dichos proyectos.

Mientras el país no entienda que las razones ambientales no se resuelven con una reducción de términos para el otorgamiento de licencias ambientales o desregulando las actividades anteriormente sometidas a este instrumento, sino que son parte de la Seguridad Nacional en su sentido más amplio que actualmente se tiene de ella, se aumentará la conflictividad frente a los proyectos que buscan un mayor desarrollo.

El medio ambiente es hoy en los países desarrollados y con políticas de largo plazo una preocupación al más alto nivel de los Estados y no un tema de competitividad, ni agilidad de trámites. Mientras no se vea así se seguirán generando falsas expectativas tanto a los inversionistas como a la sociedad. Es tiempo de detenerse un momento y de repensar estos temas por todos los actores económicos, políticos y sociales del país, pero en un debate y reflexión amplia y no con los mismos de siempre.

Escrito por: Luis Fernando Macías Gómez