Comunicado Corte Constitucional

El Plan Nacional de Desarrollo se ha convertido en recientes gobiernos en una manera a través de la cual se reglamentan un sin número de materias que para el Gobierno Nacional resultan fundamentales para ejecutar sus políticas económicas y sociales.

Tal es el caso de la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015 en las cuales se establecieron una serie de disposiciones de contenido ambiental, tales como: el conocimiento por parte de la ANLA de los proyectos PINEs competencia de las autoridades regionales, y el respeto a los proyectos en zona de páramo que a la entrada en vigencia de las mencionadas normas contaban con instrumento de control y manejo ambiental.

Las anteriores normas fueron objeto de reproche constitucional al considerar que con las materias reguladas en las mencionadas Leyes, si bien se promueve el desarrollo de las actividades productivas, las mismas conllevarían al lastre postulados constitucionales como la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, el deber del Estado de proteger los recursos naturales, entre otros. Lo anterior muestra una vez más como cada día en Colombia el Medio Ambiente se erige como un valor constitucional, de superior observancia incluso en desmedro de la seguridad jurídica que hasta el momento había sido uno de los postulados fundamentales del Estado Social de Derecho

Por lo anterior, se avecinan demandas contra el Estado por parte de aquellos que confiando legítimamente en las actuaciones del mismo, estructuraron y ejecutan proyectos que de acuerdo al pronunciamiento de la Corte no podrán seguir continuando.

Ver comunicado: Corte Constitucional de Colombia